La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai) ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a que elabore una normativa única para regular en Canarias la actividad de autocaravanas y caravanas y evite la disparidad de ordenanzas municipales que se aplican en la actualidad. El presidente de la Fecai, Mariano H. Zapata, explica que esta iniciativa surge del compromiso que adquirió con la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) y la Asociación Ecologista de Autocaravanas Club Costa Adeje (ACAT) para solicitar al Ejecutivo Regional que unifique los criterios que se aplican en todas las islas, informa en nota de prensa la Fecai.
Mariano H. Zapata pide que, para esto, se cuente con los cabildos, ayuntamientos, así como con todos los sectores involucrados en esta actividad y las propias asociaciones de caravanistas.
“El turismo de caravanas es una opción que cuenta con un importante potencial de crecimiento en Canarias y para el que es necesario disponer de una ley regional única que recoja los puntos de vista y necesidades de todos los actores y agentes implicados y contribuya al desarrollo de espacios adecuados a las necesidades de este colectivo”, asegura el presidente.
“Creo que lo ideal es que todos juntos podamos ser capaces de sacar adelante una ley consensuada y que cuente con todos los puntos de vista para disponer de una normativa unificada para todas las islas y municipios de Canarias”, explica H. Zapata.
La Comisión de Política Social de la Federación Insular de Islas (Fecai), presidida por la responsable de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, y conformada por los consejeros de Servicios Sociales de los siete cabildos, ha pedido al Gobierno de Canarias que realice un reparto de menores no acompañados acorde con las infraestructuras de las que dispone cada isla y que se actualice la financiación del servicio de acogida de acuerdo con el coste real que conlleva el mantenimiento de cada plaza, informa en nota de prensa la Fecai.
Nieves Hernández explica que, precisamente para poder definir esos criterios, la Comisión ha solicitado que se convoque, de manera urgente, al órgano competente en la materia, que es la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, presidida por la responsable de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y compuesta por responsables insulares del área y de siete representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
“El objetivo que perseguimos a través de esta petición es poder trabajar de forma coordinada y colaborativa entre las distintas administraciones públicas de Canarias con competencia en este ámbito para asegurar la correcta articulación y funcionamiento del sistema público de servicios sociales para dar la mejor atención posible a las personas menores que lo requieran con todas las garantías”, explica Hernández.
La consejera expone que todos los cabildos coinciden en la necesidad de garantizar la seguridad y atención de menores no acompañados, pero insisten en la importancia de analizar con carácter previo las infraestructuras y recursos con las que cuenta cada isla para prestar este servicio en las mejores condiciones.
En el marco del encuentro también se abordó la importancia de que se desarrolle, cuanto antes, la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que es esencial para tener claro el catálogo de prestaciones disponibles en cada isla y el conjunto de servicios a las que las personas tendrán derecho en cada caso.
La Comisión de Política Social también acordó proponer al Ejecutivo regional que comience a negociar, cuanto antes, el Convenio de Dependencia, de carácter plurianual, que finaliza este año y en el que se define tanto el número de plazas en materia de dependencia como la financiación prevista.
Por otro lado, se trató el futuro Reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados, que actualmente se encuentra en proceso de información pública hasta el 22 de marzo. En esta línea, los cabildos acordaron mantener un encuentro de trabajo la próxima semana para abordar los detalles del reglamento, como el alcance y significado de los conciertos sociales, la descripción de las modalidades de servicios y prestaciones y los requisitos de participación, entre otros y poder así realizar aportaciones al texto.
Además, la Comisión mostró el interés de los cabildos por incorporarse al Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales SIUSS, ya que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha firmado el Convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar el Sistema de Información de Usuarios/as Servicios Sociales (SIUSS) que permitirá mejorar la atención a las personas en los servicios sociales, especialmente los de atención primaria y comunitaria.
También se abordaron otros asuntos relativos al copago en el sector de la discapacidad; la situación del Reconocimiento de Dependencia y del Derechos a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia; el nuevo modelo de Cuidados para Canarias; así como la problemática en materia de menores de absentismo y no escolarización. Los cabildos también abordaron el convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma de Canarias con el Cabildo de Fuerteventura para la encomienda de gestión para la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de la discapacidad.
La Federación Canaria de Islas, Fecai, donde están representados los siete cabildos, celebró este miércoles una asamblea donde se trató como único asunto el sobrecoste del combustible sobre todo en las islas verdes, aunque es un problema que también afecta en menor medida a Lanzarote y Fuerteventura.
El encuentro contó con la presencia de quienes han hecho el estudio de sobrecostes en estas islas y de la consejera de Economía del Gobierno canario, Elena Máñez.
Según ha explicado el presidente de turno de la Fecai y titular del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, se ha acordado trabajar en diferentes frentes de cara a solucionar esta problemática que lastra y afecta de lleno al bolsillo de los habitantes de estas islas. En este sentido, según ha indicado, se decidió avanzar en la denuncia que ha hecho el Gobierno a Competencia a través de la Consejería de Economía y hacer un seguimiento continuado por parte de los cabildos insulares, y al mismo tiempo seguir proponiendo alternativas.
En concreto, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha propuesto que se creen cooperativas para que los sectores tractores de la economía puedan tener sus propios surtidores.
Por su parte, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, planteó que empresas públicas puedan abrir algún tipo de suministrador de gasolinera también para regularizar estos precios. Y desde La Palma, indicó Mariano Hernández, también hemos dicho que vamos a seguir trabajando en posibilitar esa competencia para que no tengamos precios más elevados que las islas capitalinas.
“Ya hemos llevado a cabo en La Palma tres encuentros con dos posibles nuevos suministradores en la isla y, por supuesto, con el que ejerce el poder de mercado porque es el que tiene más suministradores como es el caso de DISA”, manifestó el presidente del Cabildo palmero, quien añadió que “vamos a seguir trabajando para que a la mayor brevedad y en comisiones de trabajo con la Fecai, con la Consejería de Hacienda, con la Consejería de Economía, encontrar el fin que buscamos, que no es otro que tener un precio razonable de los combustibles en las islas”.
La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai), que se celebró el pasado 25 de febrero, acordó por unanimidad apoyar la declaración institucional presentada por la recientemente creada Plataforma para la Reactivación de la Actividad Física y el Deporte de Canarias al Ejecutivo Regional para reconocer la actividad física y el deporte como actividad esencial.
El presidente de la Fecai, Mariano H. Zapata, resalta la importancia que tiene la práctica de actividad física y deporte para la salud de las personas y su educación, inculcando no solo hábitos de vida saludables que promuevan una población activa y con mejores indicadores de salud sino, además, por los beneficios que implica de cara a la convivencia de la sociedad.
“El deporte siempre ha sido sinónimo de trabajo en equipo, respeto, unidad y compañerismo, unos valores que resultan necesarios para garantizar el bienestar y desarrollo de cualquier sociedad, por eso desde los cabildos apostamos por garantizar su protección declarándola actividad esencial”, expone Mariano H. Zapata quien destaca el importante papel que ha jugado el deporte para mantener la salud física y mental de la población, independientemente de la edad, durante el confinamiento.
Con su apoyo a la declaración institucional, las corporaciones insulares buscan también incidir en la práctica y el negocio deportivo como elemento dinamizador de la economía y el empleo para las islas.
En concreto, la petición considera que la práctica de actividad física y deporte “es una herramienta de salud y educación fundamental para la viabilidad de una sociedad sostenible y su carácter transversal, por lo que esta merece ser considerada como un derecho de la ciudadanía, garantizando su acceso efectivo sin barreras sociales, culturales, políticas, religiosas, de género o de cualquier otra índole”. Además, defiende que los gimnasios, centros deportivos y de entrenamiento, instalaciones y empresas deportivas son entornos seguros porque han adoptado medidas y protocolos de actuación, validados por las administraciones.
“Desde la Asamblea de la Fecai tenemos un firme compromiso por nuestra ciudadanía y su bienestar y, atendiendo a estos criterios, consideramos que es importante trasladar al Gobierno nuestro total apoyo a esta propuesta”, detalla el presidente.
La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y el Comité Institucional de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado reclamar de manera conjunta al Gobierno de Canarias el traspaso de los 160 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que corresponde a 2021 y que tiene como fin el desarrollo de proyectos y acciones para las islas.
El presidente de la Fecai, Mariano H. Zapata, y la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, mostraron su disconformidad con el recorte de fondos Fdcan propuesto por el Gobierno regional y destacaron que parte de la partida prevista para este año ya está comprometida en la ejecución de inversiones que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del archipiélago.
Mariano H. Zapata, explicó que “muchos de los proyectos financiados con cargo al Fdcan son actuaciones estratégicas de carácter plurianual que, en el supuesto de no poder contar con los fondos de este año, tendrían que paralizarse con el grave perjuicio que ocasionaría a la isla, en un momento especialmente complicado debido a la pandemia”.
En este mismo sentido se manifestó María Concepción Brito, que apeló “a mantener la totalidad de estos fondos, cuyo principal fin es la inversión en infraestructuras y políticas activas de empleo, algo fundamental, especialmente en el contexto actual”.
Los alcaldes y alcaldesas se interesaron por el grado de ejecución de los fondos, además de solicitar que se respete el destino de las partidas, siendo posible también su modificación en las islas donde se acuerde conjuntamente entre Cabildos y Ayuntamientos.
Fecai y Fecam coincidieron en que el Gobierno de Canarias debe buscar otra fórmula para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, “sin que esto suponga la pérdida de unos recursos que son necesarios para dar continuidad a proyectos de gran importancia para las islas y los municipios”.
Los cabildos y ayuntamientos recordaron que en 2020 ya se acordó con el Gobierno de Canarias diferir parte de los fondos Fdcan que les correspondía ese año, garantizando el total y ampliando el plazo de ejecución y justificación más allá del año 2025. Si bien recuerdan que se trató de una decisión puntual, que no se negoció para este presupuesto de 2021, y que no se puede perpetuar en el tiempo, ya que de lo contrario se pondrá en riesgo inversiones ya comprometidas que son igualmente esenciales para el presente y futuro de las economías locales e insulares.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias, José Antonio Valbuena, y los presidentes de los cabildos suscribieron un convenio de colaboración para actualizar y adecuar los planes insulares de residuos a las últimas directivas europeas o para elaborar nuevos planes adaptados al nuevo marco normativo. Los convenios contemplan el desarrollo, por el Gobierno regional, de encomiendas de gestión de las competencias relativas a los planes de residuos insulares, así como realizar sus evaluaciones ambientales.
Valbuena destacó que estas encomiendas se desarrollan parta cumplir con la normativas europea que establecen la aprobación de cada plan insular en consonancia con cada Plan Insular de Ordenación (PIO), el Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan) y con la normativa de residuos vigente estatal, autonómica y comunitaria.
La presidenta de la Fecai, María Dolores Corujo, reconoció que este convenio permite “una cierta homogeneidad en todos los planes”.
En materia de residuos, la UE también reclama el impulso de un nuevo Pircan por parte de la Comunidad Autónoma, que será una realidad en el primer cuatrimestre de 2021.